Pasada esta fecha, caduca el plazo y por tanto, la vía a una elevada indemnización precisa para reparar los posibles daños por estas prótesis de cadera defectuosas.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio, 2017
El plazo de garantía en el caso de las prótesis de cadera defectuosas se agota. Según el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias la pretensión indemnizatoria abarca diez años desde la comercialización del producto. Cumplido este tiempo desde que se descubrieran los implantes fallidos de las prótesis de cadera ASR XL Acetabular System y ASR XL XL Hip ResurfacingSystem no habrá posibilidades de actuar por la vía judicial. Dichas unidades se distribuían mediante la filial Depuy de la macrocompañía americana Johnson & Johnson. Canarias se convertía hace cuatro años en noticia por contar con centenares de afectados en Canarias desinformados ante el silencio administrativo de la consejería de Sanidad, hecho contrario a otras comunidades como Asturias. Además, cabe destacar que el despacho de abogados especialistas en derecho sanitario Emilio Ortiz abogados, logró la primera condena de Europa a favor de Margaret Adcok (una de las primeras afectadas por una de las miles de prótesis de cadera defectuosas implantadas en el territorio nacional).
También ganó la sentencia de uno de los afectados en las islas, el tinerfeño Bruno Zerpa. Un juicio histórico celebrado en Puerto de la Cruz el 14 de Abril. Ese día, fue llamado a declarar el entonces presidente de la compañía, Enrique Álvarez.
Como Zerpa, hay más de 40 afectados canarios defendidos por el despacho de Emilio Ortiz Abogados. Asimismo, el bufete avanza que hay nuevos argumentos jurídicos de peso para hacer valer los derechos de las víctimas a causa de prótesis de cadera defectuosas. Sin embargo, alerta el letrado “los plazos se consumen y no podemos permitir que el desconocimiento aboque a numerosas víctimas a graves problemas de salud, manteniéndose ligado a estas prótesis , sin que reclamen la compensación económica que, de seguro, necesitarán para mantener su economía y reparar los daños que estos materiales les hayan causado”.
Estima partidas de hasta 900.000 € en caso de ganar la sentencia por cada demandante, que ya cuenta con jurisprudencia positiva.
Los síntomas pueden traducirse en malestar general, dolores localizados en la zona de la implantación, cansancio, problemas en la piel.
En la actualidad el bufete defiende más de 200 casos de este tipo en todo el territorio español.
Forzados por el juicio en Tenerife antes mencionado, se dio a conocer la implantación de hasta 110 prótesis de cadera solo en un hospital de la isla –otras fuentes hablan de la posibilidades de hasta 500- , por lo que se evidencia la magnitud del problema.
A día de hoy la consejería sigue sin aportar datos que permitan conocer el alcance de los posibles perjuicios de haber distribuido estas piezas, detectables fácilmente por el número de registro que portan en su cabezal.
El abogado Emilio Ortiz recalca “la gravedad de esta situación, ya que contamos con pruebas y testigos que aseguran la existencia de circulares internas de las empresas con las que se delata que había conocimiento de prótesis fallidas cuando seguían implantándose. Estamos hablando de 93.000 personas afectadas en todo el mundo que han terminado en muchos de los casos con amputaciones funcionales o en silla de ruedas”.
Tal y como ha alertado uno de los afectados Bruno Zerpa “el tiempo es crucial en esto, puesto que el movimiento provoca la fricción de la prótesis liberando partículas de cromo y cobalto ”.
Ante la vulneración de derechos y el riesgo para la salud el bufete Emilio Ortiz abogados insta a actuar con la máxima celeridad.
Información muy relevante para afectados de todo el país:
El pasado 16 de mayo recibimos documentación procedente de EEUU vía un testigo en los procesos seguidos allí. Documentación que estaba clasificada y era confidencial pero por el hecho de haberse utilizado en procedimiento judiciales en EEUU Irlanda y Australia, ahora ya está desclasificada, de esa documentación se desprende que Johnson and Johnson distribuyó y Depuy filial de aquella fabricó sus prótesis sabiendo que tenían errores de diseño, y que por lo tanto iban a causar daños a la salud de las personas, es decir distribuyó un producto peligroso para la salud de las personas con conocimiento de los errores que tenían. Es algo que ha sido ocultado en los procedimientos judiciales seguidos en nuestro país, faltando gravemente a la verdad tanto a los tribunales de nuestro país como a las autoridades sanitarias.
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