ESTHER CELMA 7 de octubre del 2016
El informe de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre una de las prótesis de rodilla de la empresa Traiber de Reus (Baix Camp) -clausurada por una alerta sanitaria desde noviembre del 2014 a causa de un cúmulo de irregularidades- revela múltiples defectos debidos, en gran parte, a las malas condiciones de fabricación.
El peritaje, al que ha tenido acceso este diario, ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que investiga cómo llegaron a implantarse unas 6.000 prótesis de cadera, rodilla y columna, presuntamente caducadas o en mal estado, a pacientes de 11 comunidades autónomas y que también se exportaron a más a siete países. El hospital de Sant Joan de Reus concentra el grueso de los afectados, con 1.400 casos.
El peritaje corresponde a uno de ellos, una mujer a la que se le implantó en el 2006. La afectada relata que, tras “siete años de no poder hacer vida normal y muchos dolores” sin que nadie le hiciera caso, al estallar el escándalo ató cabos y denunció que llevaba una de esas prótesis. Se la extrajeron en junio del año pasado en presencia de un forense designado por el juez y de técnicos de la UPC.
CÚMULO DE DEFECTOS
El informe ha hallado defectos por “esterilizaciones” o “exceso de tiempo en almacenamiento o de calor y fallos de conservación”. El mal pulido final de sus componentes y la fricción de las piezas también provocó “profundas marcas de arado” y liberó partículas que fueron a parar al organismo de la paciente.
Sus tejidos tenían síntomas de metalosis, es decir, lo que popularmente se conoce como envenenamiento por cromo y cobalto. Las rugosidades de la prótesis superaban el límite de la normativa internacional e incluso el tornillo que unía las piezas estaba lleno de rebabas, totalmente impropio en material clínico.
En su conjunto, la prótesis favorecía “la enfermedad de las partículas” que puede “necrotizar” -(pudrir)- “el tejido óseo y/o crear tumoraciones”, según el informe. El dueño de Traiber, el empresario Lluís Márquez, está imputado por un delito contra la salud pública; falsedad documental, blanqueo de capitales y otro de societario.
