El caso Biomet
La Dirección general de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria, nos ha informado de la retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de pilares dentales de Perfil Bajo de la empresa Biomet y Dental Ibérica, S.L.U, debido a un defecto del sellado de las bolsas que podría comprometer la esterilidad del producto.
Teniendo en cuenta que los productos afectados se han distribuido a varias clínicas de Cataluña, os adjuntamos la información que está difundiendo la empresa en relación al defecto en el sellado de la bolsas y la relación de lotes afectados.
Afectados por prótesis defectuosas denuncian desamparo y trabas judiciales
Santa Cruz de Tenerife, 28 nov (EFE)-. LA VANGUARDIAEl abogado de unos 40 afectados por prótesis de cadera defectuosas en Canarias, Emilio Ortiz, ha denunciado hoy el desamparo legal de sus representados, las “trabas judiciales” que han encontrado para presentar sus reclamaciones y la falta de control internacional de calidad de las prótesis, así como sus enfermedades derivadas.
Emilio Ortiz ha detallado en una rueda de prensa que las estimaciones ascienden a unos 300 implantados en las islas, 3.000 en España y 97.000 en todo el mundo, además de 70 hospitales en España que adquirieron los productos protésicos de las nueve compañías fabricantes y distribuidoras, por lo que entiende que es un problema de “salud pública” y atañe a derechos fundamentales.
Las nueve compañías son Johnson & Johnson, BHR Smith and Nephew, Biomet o Traiber, entre otras, compuestas por más de 200 empresas que cotizan en Bolsa cientos de millones de euros y situaron a los fabricantes fuera del territorio nacional para, según Ortiz, “dificultar” la presentación de denuncias.Santa Cruz de Tenerife, 28 nov (EFE) LA VANGUARDIA
Ortiz ha lamentado en esa línea que sus representados tengan que presentar las demandas en el extranjero, cuando suelen ascender a 1.800 páginas cuya traducción jurada, en algunos casos a tres idiomas distintos, cuesta entre 15.000 y 20.000 euros, cifras “inasumibles” por los pacientes, que no pueden “competir porque no hay paridad de armas” jurídicas.
